Curas pedófilos: la “trampa judicial” y la respuesta a monseñor Aguer
Como parte del blindaje mediático en torno a Francisco, generó algarabía la noticia sobre el “avance” en el enjuiciamiento de obispos que encubrieron a curas abusadores. El especialista Carlos Lombardi advierte una “trampa judicial canónica”, mientras Julieta Añazco le responde y reclama al Arzobispado de La Plata.
Francisco y Héctor Aguer en el Vaticano (foto: Arzolap)
Tras la décima reunión del Consejo de Cardenales, que se realizó entre el 8 y el 10 de junio, en la Casa de Santa Marta, no cabe dudas de que, en Argentina, Francisco logró el impacto buscado. Basta con ver los títulos de Clarín, La Nación y Página 12. “El Papa aprueba el procesamiento de obispos por abusos de poder”, aseguró el primero; “Avanza la lucha contra los abusos: el Papa creó una corte para juzgar a obispos”, manifestó el segundo y “Curas pedófilos sin paraguas”, tituló el tercero.
AICA, la agencia oficial de la Iglesia argentina, lo informó por medio de un comunicado en el que detalló los avances, divididos en tres capítulos: “Reforma financiera”, “Defensa de menores” y “Medios de comunicación”.
En lo que respecta al segundo parágrafo, relató que, después de escuchar el informe del cardenal Seán Patrick O’Malley, se elevaron cinco propuestas al Papa. La primera establece la competencia para recibir y examinar las denuncias; la segunda determina que la Congregación para la Doctrina de la Fe será la encargada de juzgar los delitos de abuso; la tercera, fundamentalmente, crea una “nueva Sección Judicial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe”; la cuarta delega en el Papa la facultad de nombrar al encargado de la sección antedicha y la quinta pide cinco años para desarrollar las propuestas y para completar una evaluación formal de su eficacia.
Trampa judicial
El abogado canonista y referente local de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Carlos Lombardi, que viene reclamando la supresión del secreto pontificio para esta clase de denuncias, sostuvo que “Bergoglio dispuso la creación de un tribunal especial para juzgar obispos encubridores, lo cual es otra medida coyuntural que no sale de la ’trampa’ judicial/normativa canónica. El tribunal fue creado para enjuiciar a los obispos que no den seguimiento o trámite adecuado a las denuncias ¡Pero si el propio trámite judicial es violatorio de derechos humanos! ¡Y secreto! El sistema canónico fue pensado por curas y para curas”.
Para graficarlo, el canonista mendocino desglosó en cinco puntos la “arbitrariedad” que significa la medida: “A) los jueces: serán curas, es decir, no está garantizada la imparcialidad; B) el lugar: ¿qué garantías tendrán los denunciantes de controlar un proceso judicial que se desarrollará a miles de kilómetros de distancia? ¿Deberán nombrar abogados del Vaticano para que los representen? Si es así, se viola el principio de libre elección del profesional letrado. ¿Habrá que pagar en euros las tasas judiciales? ¿Qué pasará si una víctima/denunciante no tiene dinero?; C) el procedimiento canónico (hasta donde se ha informado), será el mismo que se aplica en cualquier diócesis o tribunal eclesiástico; D) ¿cómo harán las víctimas para controlar a los obispos y su eventual negligencia, si la investigación previa es secreta?; E) ¿dónde se presentarán las denuncias contra los obispos? ¿En los arzobispados? ¿En las Nunciaturas (embajadas)? La competencia para recibir denuncias será de las Congregaciones para los obispos, evangelización e iglesias orientales. Todas en el Vaticano”.
Por último, Lombardi consideró que “Francisco sólo tiene voluntad. No está mal. Con el nombramiento de comisiones o la creación de tribunales, como es el caso que nos ocupa, no alcanza. Es el sistema normativo/judicial canónico lo que deben cambiar y se niegan. La ONU ya se los dijo. No cambiará la política de encubrimiento porque el mismo sistema lo permite y está pergeñado para eso”.
Aguer quiere, pero no lo dejan
En la causa que viene llevando a adelante Julieta Añazco, quien denunció por abusos al cura Ricardo Giménez, desde el Arzobispado de La Plata, comandado con mano dura por Héctor Aguer, cuestionaron que las abogadas que la defienden no son las adecuadas. Que en cambio sí lo son quienes forman parte de su equipo jurídico.
Por eso, Añazco envió una misiva dirigida al vicario judicial de la diócesis platense, Javier Fronza, contestándole que “vuestra posición es claramente abusiva y violatoria, no sólo del Derecho Canónico, sino de elementales normas constitucionales y de derechos humanos que, también, deben cumplirse en la iglesia, no obstante la vigencia del Concordato de 1966, que no tiene jerarquía constitucional, debiendo subordinarse a la Constitución Nacional. Haber accedido a la jurisdicción eclesiástica de ningún modo implica que haya renunciado - o hubiere renunciar - a mi legítimo derecho humano de contar con la debida asistencia profesional, aún en la etapa de investigación previa, elegida libremente”.
Asimismo, Añazco le reclamó que “fije fecha para llevar a cabo la reunión ‘ofrecida’ por Ud. mediante nota de fecha 20/10/2014, a los efectos que me informe los siete puntos solicitados por mi pedido de informes presentado en el Arzobispado de La Plata el 03/10/2014, con el apoyo de organismos de derechos humanos”.
Llamativamente, o no tanto, los gestos de quien tiene el poder provocan oleadas de aire televisivo y chorros de tinta en los medios gráficos; mientras que los hechos apenas si se cuelan por las grietas. Pero se cuelan al fin.
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